Se trata de conflictos nacionales o transfronterizos entre consumidor y empresario. Se establece un plazo máximo de resolución de noventa días a contar desde el momento en que la entidad haya recibido la reclamación completa. Los diputados han avalado casi por unanimidad (318 votos a favor, 16 en contra y una abstención) las enmiendas aprobadas por el Senado.
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