Los fondos de pensiones privados en el sector público son una herencia de las vacas gordas. Cientos de miles de empleados públicos tienen uno, aunque desde 2012 la mayoría tiene congeladas las aportaciones por parte del Estado. El más grande es el de la Administración General del Estado (AGE) que tiene más de 600.000 funcionarios como partícipes y es totalmente transparente. Uno de los más pequeños y oscuros es el que contrataron diputados y senadores.
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