De acuerdo con un dictamen del órgano consultivo, el Ejecutivo no puede aprovechar un mero reglamento para colar por la puerta de atrás una reforma de la figura de los registradores, una institución amparada por la Constitución española. El asunto reviste ribetes de escándalo y corre el riesgo de estallar en las manos del recién llegado titular de Justicia
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