La ampliación se hizo "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho". El coste para las arcas públicas de Toledo pasó en dos meses de 6,13 millones a 17,4 millones por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa.
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