Los 84 controladores de Balears acusados por el caos aéreo de 2010 han efectuado el último pago de las indemnizaciones a los perjudicados y la mayoría se adherirá a un pacto con la Fiscalía, por el que reconocerán un delito de abandono de funciones públicas y asumirán una multa para evitar ir a juicio. Así evitarán una posible condena mucho más grave por el delito de sedición. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que estima que al menos unos 80 controladores suscribirán el acuerdo.
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