De los nueve jueces, cinco estimaron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma no demostraron "un riesgo sustancial de sufrimiento" en el caso de la utilización de midazolam, un ansiolítico, para ejecutar a un prisionero, por lo que hallaron que este método era conforme a la octava enmienda de la Constitución, que prohíbe los sufrimientos "crueles e inhabituales".
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