La empresa toleró que se pagaran 236 millones del gasto de seguridad a empresas de familiares de su Jefe de Seguridad, Juan Carlos Fernández Cernuda. Sorprendentemente, ni la empresa vio nada sancionable, so pretexto de que las normas internas de buen gobierno entraron en vigor en 2017, momento en que Fernández Cernuda declaró tales intereses, ni se creyó conveniente dejar de contratar dichas firmas o rescindir sus contratos, pese a que el implicado sigue siendo directivo.
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