Defensa adjudica la seguridad del museo que se ubica en el Alcázar de Toledo a Miguel Ángel Ramírez, condenado a tres años de cárcel por un delito urbanístico e indultado por el Gobierno de Rajoy. Una de sus sociedades aparece en la contabilidad del Partido Popular con aportaciones que ascienden a 150.000 euros.
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