El Gobierno andaluz ha tomado medidas de desregulación ambiental y urbanística amparándose en la necesidad de reconstrucción económica. Las organizaciones ecologistas y sociales temen una vuelta a la economía del ladrillo. A pesar de que en el "Decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva" se argumenta el impacto económico de la pandemia para justificar su tramitación, el texto se había aprobado previamente por el Consejo de Gobierno el 9 de Marzo, una semana antes del Estado de Alarma.
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