En una encuesta sobre la influencia de la religión como valor discriminatorio y sobre la valoración de la diversidad de cultos en el país, el resultado nos ha sorprendido por su rotundidad, con un sobresaliente 72 % de los encuestados que opina que los cultos religiosos deberían estar restringidos a la esfera de lo privado y el Estado no debería financiar ninguno. Una posición contraria a la realidad que vivimos, donde particularmente la religión católica y, en general, todos los cultos reciben, en mayor o menor medida, ayuda del Estado.
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