Mientras el colectivo de dependientes salía una y otra vez a la calle en contra de los recortes, la conselleria de Bienestar Social llevaba a cabo una curiosa labor social: contratar, en un proceso legal pero dudoso, a un total de 26 personas en un año. El aumento en el personal del IVAS ha ido paralelo al descenso de personas que percibían ayudas por discapacidad.
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