La movilización de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda consigue el aplazamiento del desalojo de Pepi, una viuda de 65 años, y sus dos hijas hasta que se le proporcione una vivienda alternativa. Tras 20 años viviendo de alquiler, una empresa inmobiliaria compró gran parte del bloque y aumentado los precios de los alquileres hasta un 300%.
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