La decisión llega a raíz de la falta de respuesta por parte del Ejecutivo a un requerimiento de la ONU el pasado verano. España fue condenada por no haber garantizado el derecho a la vivienda de una familia con menores sin recursos que fue desahuciada sin alternativa habitacional y acabó durmiendo en un coche, pese a haber solicitado una vivienda pública hasta en 13 ocasiones
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