Una quincena de denunciantes de casos de corrupción se plantaron frente al Congreso para reclamar a los poderes públicos más apoyo a sus causas. Lo que piden con esta concentración frente al Congreso es simple: que el Gobierno español aplique las directivas de la Comisión Europea que exhortan a los Estados miembros a proteger a los denunciantes de corrupción o de infracciones en empresas. Porque, muy a menudo, olvidamos que en la mayoría de los casos son ciudadanos de a pie quienes arriesgan empleo, sueldo, salud y vida privada para denunciar.
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