La incapacitación total o parcial de una persona debe llevarse a cabo a través de un procedimiento judicial en el que estén plenamente asegurados sus derechos, incluido el de ser oída y presentar las alegaciones que estime pertinentes, y todo ello con el propósito de verificar si tiene capacidad de discernimiento suficiente para ejercer sus derechos y tomar las decisiones que mejor se ajustan a las propias convicciones sin ocasionar daño a los demás.
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