La organización, según indica la Guardia Civil, se encontraba "muy bien estructurada, con roles perfectamente definidos", de forma que el líder se encargaba de recabar la documentación, falsearla y realizar las compras de motocicletas que siempre se hacían de forma telemática, en establecimientos de Madrid y Burgos y cuyo destino eran localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba
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