Desde hace al menos dos años, gestionaba trasteros y locales comerciales sin luz ni ventilación para, de forma fraudulenta, alquilarlos como infraviviendas a migrantes a quienes cobraba ilícitamente entre 300 y 750 euros al mes. En total, el funcionario gestionaba 73 habitáculos en los que las víctimas residían en graves condiciones de insalubridad. Los investigadores comprobaron que muchos de ellos carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de unos ocho a 15 metros cuadrados.
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