El dinero del Fondo Hispano-Saudí, el gran negocio promovido por el rey Juan Carlos y que sirvió para contratar como asesora a Corinna zu Sayn-Wittgenstain (CSW), terminó con los 21 millones aportados por empresas españolas diseminados en paraísos fiscales. Por lo tanto, pese a publicitarse como un proyecto estatal y de interés general, ni un solo euro de impuestos acabó en España y los beneficios quedaron en manos de intermediarios y empresas privadas que se repartieron los fondos con opacidad.
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