La Diputación de Gipuzkoa ha informado de que, según los análisis efectuados por los actuales gestores la sociedad pública Bidegi, las tres personas contra las que ha presentado una querella criminal estarían involucradas en el pago de 3,4 millones de euros de la AP-1 por trabajos que «no fueron ejecutados». La institución foral ha explicado en un comunicado que a los acusados se les imputan los delitos de «malversación de fondos públicos y falsificación de documentos».
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