La jueza apunta directamente al imputado Enrique Álvarez Conde como el "urdidor" de un "plan preconcebido", que llega a calificar como "sistema de prebendas", centrado "en regalar títulos académicos". En las conclusiones enviadas al Tribunal Supremo, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel incide en una de las claves que justificaría este presunto entramado: sin alumnos sus cursos y posgrados se extinguían. Por lo tanto, esta actuación "permitía la supervivencia del máster".
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