El Tribunal Constitucional ha ordenado este viernes disolver el tercer partido político del país, varios de cuyos miembros están en prisión por conspirar. La Ley de Seguridad Nacional, promulgada en 1948, prohíbe toda acción que sirva para "preparar, conspirar, hacer propaganda o instigar una rebelión contra el Estado" y la Constitución nacional recoge que el Gobierno puede pedir la disolución de un partido político.
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