Carlos Alberto Estrada, entonces regidor de Moraleja de Enmedio (PP) y presidente de la Mancomunidad del Suroeste imputado ahora en la trama Púnica, y Olga Fernández, exalcaldesa de Serranillos del Valle (2003-2011) y portavoz del PP en ese Ayuntamiento, tejieron una red para beneficiar a una empresa de recogida de ropa destinada a personas necesitadas. Ambos presionaron a alcaldes de la Mancomunidad para lograr contratos ventajosos. La mayor parte de la ropa era vendida a terceras personas.
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