La agencia pública impulsora del proyecto que sirve a un grupo de jueces de Madrid para cobrar una extra tiene en nómina al menos a dos políticos del Partido Popular, miembros del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Rivas. Como concejales, María Inmaculada Sánchez y Francisco Gallardo López sostienen la querella por prevaricación que su grupo presentó contra Tania Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
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