En el caso del VIH, una decisión de 2012 del Supremo Tribunal de Justicia enmarca la transmisión dolosa como lesión corporal gravísima, delito que puede resultar en hasta ocho años de reclusión. Sin embargo, entidades que apoyan a las personas con VIH y observatorios de políticas públicas para la enfermedad critican las iniciativas legislativas que criminalicen a las personas portadoras. El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), por ejemplo, califica las medidas punitivas como algo "innecesario" y un "retroceso".
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