El primer hecho grave constatado es que el juez del Supremo, Pablo Lucas, autorizó que Boye fuese espiado durante el 2019, y que las intervenciones en su teléfono fueran prorrogadas unas cuantas veces, con el argumento de que había que evitar la secesión de Catalunya y el desprestigio de España. Pero Lucas jugó un doble papel durante ese tiempo: como juez que autorizaba las actividades del CNI y como juez de la sala contencioso-administrativa del Supremo.
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