La Agencia Tributaria ejecutó un embargo a una familia de pensionistas por valor de más de 3.700 euros, dinero que la familia recibió para arreglar su vivienda tras el terremoto. Los afectados afirman que en 2016 prescribió el derecho de la Comunidad Autónoma a reclamar el reintegro de la ayuda a los damnificados.
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