El sindicato USO denuncia ante la Inspección de Trabajo que la empresa dejó de abonar a sus casi 2.000 vigilantes de seguridad en un periodo de 3 años más de 20 millones de euros en aplicación de un convenio que ha sido anulado por los tribunales.El escrito relata el periplo judicial que ha tenido esta empresa, vinculada al empresario Miguel Ángel Ramírez, persona cercana al PP y al exministro José Manuel Soria y a la que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy de 2012 abrió las puertas para abaratar las nóminas de sus trabajadores..
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