El Consejo de Ministros ha aprobado dos normas que suponen la trasposición al marco jurídico español de dos directivas europeas. El Real Decreto-ley obliga a las grandes empresas y grupos empresariales a informar de aspectos sociales, diversidad, medioambientales, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales.
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