Una parte de las empresas que figuran como donantes ilegales en la contabilidad B del PP sustentaban la mayoría de su negocio en contratos públicos concedidos por este partido. Puede decirse que algunas vivían de estas adjudicaciones, como es el caso de la firma Aldesa, que obtuvo un total de 182 contratos, con unos ingresos de 2.000 millones de euros. El 77% de los contratos que recibió de la Administración provino del PP, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al juez Pablo Ruz.
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