Imaginemos, por poner un ejemplo, una biblioteca que, además de contar con algunos libros con derechos de autor, está especializada en literatura del Siglo de Oro (cuyas obras forman parte del dominio público y, por lo tanto, no generan derechos de autor). Siguiendo la redacción de este real decreto, aunque los usuarios se hayan llevado a casa exclusivamente obras de Quevedo o Lope de Vega, el centro tendrá que pagar cinco céntimos por cada uno de ellos a las entidades de gestión de derechos.
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