EQUO cree que “la propuesta lanzada recientemente por la secretaria de Estado de Universidades, Montserrat Gomendio, según el cual los estudiantes deben ‘devolver’ el dinero que el Estado ha gastado en su formación no es admisible”, al considerarla una “medida discriminatoria”, haciendo notar que “la decisión de la concesión o no del crédito para cursar estudios universitarios quedaría en manos de las entidades financieras privadas, y éstas ¿con qué criterios van a asignar dichos préstamos?”, se pregunta.
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