Estos enormes beneficios (que ocurren también en España) se basan en la protección que les ofrece el Estado, permitiéndoles dictar el precio de los productos farmacéuticos al nivel que deseen, a través de las patentes. Estas patentes son una manera de saltarse el mercado, asegurando a las empresas farmacéuticas el poder de controlar la producción y distribución, con un comportamiento claramente monopolístico.
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