El pasado 5 de julio la OCDE oficializó la entrada de Gibraltar en el denominado Marco Inclusivo impulsado por el organismo internacional, que agrupa a todos los países y jurisdicciones comprometidos con BEPS, el paquete de 15 acciones acordado por las mayores economías del planeta para pelear contra la erosión de sus bases fiscales generada por la proliferación de paraísos fiscales y territorios de baja tributación. El asunto es que el trámite no habría sido posible sin la complicidad del Gobierno español.
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