Desde cuarteles y bases militares a juzgados, pasando por cárceles, oficinas de la Seguridad Social y establecimientos ministeriales, puede decirse que muy pocas dependencias oficiales se hallan fuera del control, la videovigilancia, la alarma y la custodia de las empresas privadas de seguridad. El gasto en este concepto según los presupuestos del 2015 permite hablar de una cifra superior a 1.100 millones de euros, casi el doble de lo que el Ministerio del Interior destina al funcionamiento y las nóminas de los 68.90 policias.
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