Desde el año 2000 once países de la OCDE han adoptado normativas que regulan las relaciones entre gobiernos y grupos de presiónAquí no ha pasado de un intento, con una ponencia en el Congreso que se cerró en falso en marzo pasadoEl 88% de los países miembros tienen algún tipo de cobertura legal para proteger a los delatores; España es uno de los cuatro que no la ofrecen.
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