Tristemente, para todas las personas castigadas por la crisis, España no ha firmado la Carta Europea de Derechos Sociales, tratado vinculante que sí han firmado todos los países de nuestro entorno, como Francia, Portugal, Italia o Grecia. Esta “falta de voluntad política” vulnera el artículo primero de la Constitución Española: “España se constituye en un Estado social y democrático”.
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