El Reino de España se enfrenta a una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes a las primas renovables aplicados a partir de 2010. La mayoría de los pleitos se han planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial con sede en Washington. El aluvión de demandas ha obligado al Estado a realizar un importante esfuerzo para la defensa en recursos económicos y humanos.
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