El gobierno español no piensa aplicar el protocolo número 16 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Este protocolo, en vigor desde el verano pasado, establece la posibilidad de que los altos tribunales de los estados pidan una opinión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, antes de emitir una sentencia que pueda entrar en conflicto con derechos fundamentales protegidos por el convenio europeo. El gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que no lo piensa hacer, respondiendo a una pregunta formulada en el Senado
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