El partido franquista aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, los derechos de reunión, manifestación y expresión -derechos fundamentales- dependen de la decisión de un teniente de la policía, de un gobernador civil o de un cuñado con mando en plaza, pudiendo multar con cantidades imposibles a ciudadanos pacíficos por ejercer sus derechos suprimiendo la tutela judicial.
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