El principio de quien contamina paga tampoco se cumplirá con el fin de la minería del carbón en España. En este caso concreto, quien degrada los entornos naturales con las minas a cielo abierto y con las escombreras no afrontará el coste de su restauración, como establece la legislación. El Gobierno asume que los avales que depositaron en su día los propietarios de las minas “no son suficientes”, con lo que el Estado deberá correr con los gastos de la recuperación ambiental de esos entornos.
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