Desde su aprobación, a finales de 2012, la administración de Justicia cobra tasas de entre 50 y 750 euros en las jurisdicciones civil y administrativa. En el año 2013 se recaudaron 316 millones de euros, y en los primeros nueve meses de este año más de 225 millones, según datos oficiales. Las fuerzas políticas de la oposición reclaman al ministro Rafael Catalá que derogue las tasas, si bien apenas promete una reforma de las mismas.
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