Las infracciones a las normas establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, pueden ser sancionadas aplicando diferentes preceptos legales. Por un lado, los agentes podrían aplicar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta norma contempla que las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros; y las leves, con multa de 100 a 600 euros.
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