Los contribuyentes estadounidenses pagan 30 millones de dólares por cada una de las 126 sesiones anuales de su Congreso. A cambio, más de 500 legisladores, flanqueados por legiones de ayudantes, deciden reformas del calado a las descritas en el párrafo anterior: un lunes condecoran a alguien, un miércoles enmiendan una coma de una ley federal que genera un problemilla vecinal en un condado remoto y un viernes, con suerte y si queda tiempo, desbloquean la financiación anual de un proyecto que ya existía.
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