El documento, sin sello de ninguna unidad policial ni firma de funcionario, fue publicado en vísperas de la constitución del Congreso y desgranado durante las negociaciones para la investidura. El informe, rechazado por la Fiscalía del Supremo, ha terminado ante el Tribunal de Cuentas, un órgano que depende de las Cortes y que no pertenece al Poder Judicial.
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