Poco más de sesenta nombres. El 0,19% sobre un total de 31.484 declarantes que legalizaron dinero negro pagando a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%. Es todo lo que se sabe de los beneficiarios de la amnistía fiscal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzó en 2012, y que el Tribunal Constitucional acaba de anular, con nulos efectos prácticos, porque la sentencia no invalida las regularizaciones que se presentaron para preservar la “seguridad jurídica” de los amnistiados.
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