En 15 de sus 18 años de liberalización, el sector eléctrico español ha podido ingresar hasta 103.000 millones en pagos que no tienen correspondencia con los intereses de la población y que podrían considerarse “ilegítimos”. La importancia de auditar el coste de su liberalización radica en que los pagos a las eléctricas así como sus deudas “tienen consecuencias para las vidas y los medios de vida de las personas”, según el estudio "El coste real de la energía: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013".
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