En 2013, el Gobierno español eliminó las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar VPO. Unas 300.000 familias se vieron obligadas a pagar sobrecostes mensuales de entre 90 y 300 euros por su préstamo. La Eurocámara pide al Ejecutivo que justifique la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de los préstamos.
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