El decreto extremeño 160/2010 -decreto aprobado por el último gobierno socialista de la región- decía que los promotores que quisieran instalar un parque eólico en Extremadura debían pagar un cierto peaje. A saber: la administración regional solo autorizaría aquel proyecto de parque eólico que implique la creación de tres puestos de trabajo por megavatio instalado o bien la entrega de al menos el 8% de lo que facture ese parque al ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre.
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