Si bien el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, FACUA demanda una norma marco que regule aspectos básicos del servicio que contemple, entre otras cuestiones, una estructura de tarifas progresiva y vinculada al número de residentes de los hogares de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa.
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