La inmediata reacción del Supremo ante la sentencia que establece que son los bancos, y no los clientes, quienes deben pagar un impuesto relacionado con las hipotecas, indigna a los movimientos por el derecho a la vivienda. Para Javier Gil, portavoz del sindicato de inquilinos de Madrid, es una prueba más de que “partidos políticos, jueces e instituciones públicas están al servicio de la especulación”. Con esta decisión, dice Gil, se pone de manifiesto que “los intereses de los bancos están por encima de la Constitución, de los dictámenes de Na
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